Llevamos ya más de una semana de huelga de transporte y no parece que se calmen los ánimos a pesar del paquete de medidas anunciado el viernes pasado por el Gobierno. Es necesario distinguir cuáles de las quejas del sector (en general, de toda la ciudadanía) son legítimas de las que puedan ser oportunistas; a río revuelto, ganancia de oposición o de grandes empresas.

Entendemos que el Gobierno esté legítimamente preocupado por las finanzas públicas y la necesidad de coordinarse con la Unión Europea, pero hay tres claves que no pueden perderse de vista ante lo abrupto de este shock: la primera es que hay que evaluar con determinación y rigor las medidas de política económica disponibles –echarse en brazos de la conventional wisdom puede ser fatal para el presupuesto público–; la segunda, que en toda negociación comunitaria hay que tomar la iniciativa con propuestas razonables; y, tercero, que hay que usar todos los instrumentos disponibles, coordinadamente, pensando en conjunto, tanto en el corto como en el largo plazo. 

La situación es grave. Para que nos hagamos una idea, nuestras estimaciones –incluidas en nuestros trabajos científicos sobre los efectos macroeconómicos de los precios energéticos– nos dicen que cuando la demanda de energía es rígida en el corto plazo, un aumento anual de los precios de un 10% supone una caída del PIB anual del 0,4%. Esto nos da el precio de la inacción en el momento actual. Estamos hablando, en números redondos, de la mitad del presupuesto público en I+D. Y esto es así porque en el corto plazo no hay forma de sustituir costes: un tractor que consume diésel no se puede reemplazar por un e-tractor de la noche a la mañana (éste es el significado tangible de la frase demanda de energía rígida en el corto plazo). Eso se hace con tiempo y un apreciable esfuerzo inversor.

Nuevamente, la debilidad de nuestro tejido productivo y la escasa competencia juegan en contra.

Quizá el Gobierno prefiera dar subvenciones a los distintos sectores productivos más que bajar impuestos porque está preocupado por las finanzas o porque cree que un recorte impositivo ayudaría a quien no lo necesita. De acuerdo con la teoría macroeconómica más reciente, que incorpora la peculiaridad de la demanda energética (rígida en el corto plazo, flexible en el largo plazo al invertir en capital eficiente) esa bajada impositiva, siempre que sea transitoria, reduce el impacto del alza de precios en el PIB (en la teoría, en su totalidad). Pero, ¿cómo se materializa esta sencilla receta teórica en la complejidad del mundo real? En un recorte de la imposición indirecta sobre los combustibles.

Como siempre, en España tenemos menos márgenes que nuestros vecinos porque los impuestos específicos a los hidrocarburos están muy cerca del mínimo (a diferencia del caso de Alemania, Francia o Italia). Queda que la UE baje dicho mínimo, o una rebaja del IVA, generalizada o selectiva. Simultáneamente, hay que negociar con las empresas energéticas para que, transitoriamente, ajusten sus precios a los costes.

Cierto, el IVA es un impuesto al consumo, por lo que no afecta a la producción. Pero esto es así en un mundo ideal, donde las empresas no padecen desfases entre pagos y cobros y donde no se dan las peculiaridades del Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca o REAGP (en éste, los sujetos pasivos no se pueden deducir el IVA; en el Régimen Simplificado, sí). El desfase mencionado es especialmente sangrante para autónomos y pymes. Plazos dilatados de pago a proveedores por parte de las grandes empresas y la Administración les suponen costes financieros elevados. Éstos no sólo perjudican a los pequeños, sino a las empresas que tienen ciclos largos de producción y ventas y a las exportadoras dentro (entregas intra-comunitarias) y fuera de la UE, que quedan a la espera de la devolución del IVA soportado que no pueden repercutir fuera de las fronteras. No conocemos la cuantía de ese coste financiero, pero el Banco de España debe saberlo por el registro Cirbe (Central de Información de Riesgos del BE), de las partidas en las que la Agencia Tributaria aparece como deudor de las devoluciones de IVA y bonificaciones del Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGP).

Por el lado de los hogares, que fue central en el debate de otoño pasado, se puede aducir que esa reducción impositiva beneficiaría a consumidores de renta alta. Pero es que discriminar lleva un tiempo que no tenemos, y el efecto positivo sobre las clases medias puede (combinado con transferencias a las rentas bajas e impuestos directos a las rentas altas) compensar otros efectos. Con diferenciar entre diésel y gasolina ya estaremos discriminando lo suficiente en la coyuntura actual, pero esto deben decirlo los expertos. Por el lado productivo, recordemos que la disfuncionalidad del IVA es mayor cuantas más microempresas haya. Por tanto, dado que componen el 90% de nuestro tejido empresarial, esta medida puede ser un instrumento estabilizador que se propague por toda la economía. 

También se puede argumentar que las empresas energéticas utilizarán la rebaja para apropiarse de rentas adicionales, puesto que no hay competencia. Obviamente, en ese caso debe intervenir la Comisión Nacional para los Mercados y Competencia, que debería estar ya investigando por qué los precios eléctricos están aumentando con más rapidez que los del gas, según aparece en las estadísticas del INE. Las empresas energéticas debieran renunciar a una parte de sus beneficios extraordinarios de manera transitoria: un impuesto especial sobre los windfall profits que financie la nueva línea ICO anunciada por el Gobierno. También habría que convencerlas para que los precios reflejen de la forma más ajustada posible a sus costes. Es una emergencia nacional. La compensación sería sus beneficios futuros, tras contribuir a sostener nuestro tejido productivo. La alternativa es considerar las empresas energéticas de interés estratégico nacional, como ya se empieza a pensar en Francia.

Por supuesto, una rebaja de este tipo supone un coste para todos. Sí, pero, en este caso concreto, el coste parece menor que el beneficio por el lado productivo. En particular, parece más eficaz que las subvenciones selectivas. Indudablemente, hay que evaluarlo, pero tenemos las herramientas para hacerlo. La medida no es la panacea para los que más apoyo necesitan pero, de nuevo, las subvenciones deberían usarse para las familias, no para las empresas. 

La medicina del alza de precios no nos hace más eficientes en el muy corto plazo, sólo nos empobrece porque ese encarecimiento no es una señal de escasez, sino de la guerra de Putin. Nuestra propuesta del 9 de marzo sobre la doble ronda del mercado eléctrico supone separar la oferta que se comporta de forma competitiva (sin gas), porque para ella el sistema marginalista funciona como dice la teoría, de la oferta que no lo es. Nuestra propuesta de hoy insiste en que si el ‘shock’ energético es transitorio, conviene complementar en el muy corto plazo las ayudas que se barajan, con rebajas transitorias en la imposición indirecta y con redistribución desde los ganadores hacia los perdedores de esta crisis. Para todo ello, es necesario tener presente que cuando la oferta no es competitiva, sino que se compone de pocos operadores, el sistema de asignación debe ser uno que incorpore la negociación. Y realmente esta negociación debería ser coordinada por la Comisión Europea.

El que la Unión Europea reconozca que la Península Ibérica es una isla energética está bien. Lo está reconocer que, en la práctica, no existe un mercado único energético por la falta de conexiones con el resto de la Unión. Lo eficiente para el conjunto de la UE sería que ese reconocimiento viniera acompañado con un plan de inversión para aumentar las interconexiones con el resto de los socios comunitarios. El acuerdo del Consejo del viernes pasado permite a nuestro país cierto desahogo, pero su posición para negociar precios con los productores de gas es más débil que si toda la UE actuara coordinadamente.

La batalla fue correosa, con momentos de ebullición, multitud de intereses enfrentados y una coreografía propia de las cumbres europeas de altos vuelos, incluido el abandono de la sala de negociación por parte de Pedro Sánchez en el instante en que se discutían los puntos decisivos sobre energía. Pero el pacto de los Veintisiete llegó. Y el éxito de España, país al que, junto a Portugal, se le reconoce la excepción ibérica para hacer frente al zarpazo de los precios de la luz, marca un giro en la política energética de la UE. La cuña española, que lleva meses reclamando cambios en el sistema, abre además la posibilidad de que se acabe revisando todo el modelo de mercado eléctrico europeo.

El nuevo rumbo, incluido en las conclusiones plasmadas por los líderes comunitarios tras el Consejo Europeo celebrado el jueves y el viernes en Bruselas, tiene muchos frentes: la UE reconoce la “urgencia” ante un problema agravado por la guerra en Ucrania; se enumera una lista de medidas para frenar el “efecto contagio” del gas en el mercado de la electricidad; proclama la necesidad de actuar “a corto plazo” y de tener en cuenta las “circunstancias nacionales” de los Estados miembros; reclama a la Comisión propuestas para reformar la formación de precios del mercado eléctrico y apuesta por una estrategia común de compra de gas y de almacenamiento de combustible de cara al invierno.

A España y Portugal –sin mencionarlos de forma expresa– se les dedican un par de párrafos enteros, en los que se especifica que dado “el contexto de precios muy elevados de la electricidad” el Ejecutivo comunitario evaluará “urgentemente” las medidas temporales de emergencia notificadas por los Estados miembros. Para su evaluación, “se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”. Este último punto es la especificidad ibérica: España y Portugal tienen una conectividad que no llega al 3%.

Para que no hubiera lugar a dudas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, cuyo papel será central en los próximos pasos, señaló en la rueda de prensa tras la cumbre la “situación muy específica” de la península Ibérica. “Estamos de acuerdo en que haya un tratamiento especial para que pueda lidiar con los precios energéticos”.

Solo hace seis meses todo esto hubiera sonado a ciencia ficción. El resultado es fruto de un tira y afloja entre Bruselas y Madrid (a cuya batalla se han unido otras capitales, como París, Roma o Atenas) que se remonta al verano. Del silencio se ha pasado al reconocimiento. En septiembre de 2021, por ejemplo, cuando Von der Leyen pronunció su discurso sobre el estado de la UE, no dedicó ni una frase de los 59 minutos y 6.500 palabras de su intervención a la crisis de los precios de la energía: no lo consideraba un problema prioritario ni acuciante. Bruselas entonces respondía con evasivas a cualquier pregunta o propuesta que sonara a intervenir el mercado eléctrico.

España, sin embargo, llevaba meses sufriendo una situación que comenzaba a resultar insostenible, y reclamando medidas de todo tipo. Varias de las propuestas que ahora están sobre la mesa, como las compras conjuntas de gas o las reservas estratégicas de combustible, llevan un inconfundible sello español. Pero no siempre fueron vistas con buenos ojos.

La UE reconoce la “urgencia” ante un problema agravado por la guerra en Ucrania.

En octubre del 2021, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicaba ante un grupo de periodistas que estaba en la mano de la UE permitir a los Estados adoptar “medidas excepcionales” ante una “situación excepcional”. Es lo mismo que se había hecho con la suspensión de las reglas de gasto comunitarias ante las turbulencias económicas graves, argumentó. A la semana, la Comisión respondió con un paquete de “herramientas” en el que desoía casi todas las peticiones españolas, aunque se abría a “estudiar” la creación de reservas de gas y la compra conjunta y a evaluar, a través de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, “las ventajas e inconvenientes” del sistema: fue una primera cuña.

Poco después, el Ejecutivo español contraatacó con un documento oficioso que incluía una propuesta que sonaba revolucionaria, en el que prácticamente pedía permiso para abandonar el sistema de precios europeos de la electricidad. Su melodía se parece bastante a la música de estos días en Bruselas: “En situaciones excepcionales, debe permitirse a los Estados miembros adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas”, reclamaba la iniciativa. La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, respondió alertando de sus muchos problemas: “Cambiar el modelo actual supone un riesgo para la predictibilidad y competitividad del mercado y para nuestra transición hacia las energías limpias”, replicó con el mantra bruselense habitual.

Varios Consejos Europeos, encuentros de ministros y comunicaciones de la Comisión después el tono político parece haber dado un salto abismal. Solo en esta última semana, el Ejecutivo comunitario ha presentado una batería valorando distintas posibles propuestas “de emergencia” para cortar el contagio del precio del gas en el de los precios de la energía; y los Veintisiete, incapaces incluso de encontrar un acuerdo energético en citas anteriores, han lanzado esta vez un mensaje contundente en sus conclusiones.

Fuentes del Ejecutivo comunitario admiten que el Consejo Europeo ha enviado “una señal política” clara en esta última cita. Pero también conceden que las conclusiones redactadas son como “un árbol de Navidad” o un “mosaico” con muchos compromisos en el que cada país ha logrado colocar sus principales peticiones: España, su insularidad energética; Francia, la revisión del sistema de fijación de precios; Alemania, los nórdicos y algunos de los tradicionales halcones del libre mercado, asegurar el suministro de gas, y el compromiso de que las intervenciones a corto plazo sobre el mercado eléctrico se hagan a consultando a los actores relevantes y sin alterar las normas de mercado. Todos parecieron irse con una victoria al menos parcial a casa.

Pedro Sánchez exhaló exultante al término de la cumbre: “Por fin se reconoce la excepción ibérica”. El canciller alemán, Olaf Scholz, subrayó tras la cita el “escepticismo” de Berlín frente a algunas propuestas, pero ensalzó la batalla del español –”ha defendido con éxito los intereses de su país junto a su colega portugués”– y mencionó la “unidad” que salía de la cumbre, con propuestas como la compra conjunta de gas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue muy claro en su comparecencia al expresar que no va a permitir que el precio de la electricidad francesa lo marque el gas ruso, como sucede ahora con el sistema marginalista de precios: “Hemos dado un mandato a la Comisión para revisar esta fórmula de precios”, dijo de forma tajante y tras explicar con unas gráficas el complejo sistema marginalista de fijación de precios.

Ahora le toca a la Comisión ponerse manos a la obra. Y tienen varios frentes: van a ser meses intensos para el ya atareadísimo equipo de la Dirección General de Energía. Desde el Ejecutivo comunitario se asegura que los países que opten por implantar medidas extraordinarias, como España (que tiene previsto enviarlas esta semana próxima) no lo van a tener fácil: se revisará en detalle que sus propuestas no distorsionan la competencia; y no todos tienen claro en Bruselas que las medidas vayan a tener el resultado deseado. Pero España al menos ha obtenido la posibilidad de lanzarse a la piscina con la cobertura de un manto europeo. Eso lleva buscando desde hace meses. Y será, de algún modo, pionera en terreno inexplorado, abriendo quizá un camino a seguir por otros.

La Comisión también ha recibido el mandato de ponerse en contacto con los “actores relevantes” para evaluar los distintos mecanismos de emergencia que pueden adoptar los Estados miembros, y ha de comenzar también a coordinar la compra conjunta de gas: el acuerdo con Estados Unidos anunciado este viernes de incrementar drásticamente los envíos de gas natural licuado es ya un primer ejemplo de esta capacidad de negociación al unísono, aseveran fuentes de la Comisión.

En las próximas semanas, además, será publicado el esperadísimo informe de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, logrado gracias a la presión española, que planteará alternativas al actual modelo energético. El Ejecutivo comunitario tiene previsto exponer en mayo posibles fórmulas para modificarlo. “Al final tendremos que tocar el mercado”, reconoce ahora una fuente comunitaria. Algo que no estaba nada claro, más bien al contrario, hace unos meses.

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