Llevamos ya más de una semana de huelga de transporte y no parece que se calmen los ánimos a pesar del paquete de medidas anunciado el viernes pasado por el Gobierno. Es necesario distinguir cuáles de las quejas del sector (en general, de toda la ciudadanía) son legítimas de las que puedan ser oportunistas; a río revuelto, ganancia de oposición o de grandes empresas.
Entendemos que el Gobierno esté legítimamente preocupado por las finanzas públicas y la necesidad de coordinarse con la Unión Europea, pero hay tres claves que no pueden perderse de vista ante lo abrupto de este shock: la primera es que hay que evaluar con determinación y rigor las medidas de política económica disponibles –echarse en brazos de la conventional wisdom puede ser fatal para el presupuesto público–; la segunda, que en toda negociación comunitaria hay que tomar la iniciativa con propuestas razonables; y, tercero, que hay que usar todos los instrumentos disponibles, coordinadamente, pensando en conjunto, tanto en el corto como en el largo plazo.
La situación es grave. Para que nos hagamos una idea, nuestras estimaciones –incluidas en nuestros trabajos científicos sobre los efectos macroeconómicos de los precios energéticos– nos dicen que cuando la demanda de energía es rígida en el corto plazo, un aumento anual de los precios de un 10% supone una caída del PIB anual del 0,4%. Esto nos da el precio de la inacción en el momento actual. Estamos hablando, en números redondos, de la mitad del presupuesto público en I+D. Y esto es así porque en el corto plazo no hay forma de sustituir costes: un tractor que consume diésel no se puede reemplazar por un e-tractor de la noche a la mañana (éste es el significado tangible de la frase demanda de energía rígida en el corto plazo). Eso se hace con tiempo y un apreciable esfuerzo inversor.
Nuevamente, la debilidad de nuestro tejido productivo y la escasa competencia juegan en contra.
Quizá el Gobierno prefiera dar subvenciones a los distintos sectores productivos más que bajar impuestos porque está preocupado por las finanzas o porque cree que un recorte impositivo ayudaría a quien no lo necesita. De acuerdo con la teoría macroeconómica más reciente, que incorpora la peculiaridad de la demanda energética (rígida en el corto plazo, flexible en el largo plazo al invertir en capital eficiente) esa bajada impositiva, siempre que sea transitoria, reduce el impacto del alza de precios en el PIB (en la teoría, en su totalidad). Pero, ¿cómo se materializa esta sencilla receta teórica en la complejidad del mundo real? En un recorte de la imposición indirecta sobre los combustibles.
Como siempre, en España tenemos menos márgenes que nuestros vecinos porque los impuestos específicos a los hidrocarburos están muy cerca del mínimo (a diferencia del caso de Alemania, Francia o Italia). Queda que la UE baje dicho mínimo, o una rebaja del IVA, generalizada o selectiva. Simultáneamente, hay que negociar con las empresas energéticas para que, transitoriamente, ajusten sus precios a los costes.
Cierto, el IVA es un impuesto al consumo, por lo que no afecta a la producción. Pero esto es así en un mundo ideal, donde las empresas no padecen desfases entre pagos y cobros y donde no se dan las peculiaridades del Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca o REAGP (en éste, los sujetos pasivos no se pueden deducir el IVA; en el Régimen Simplificado, sí). El desfase mencionado es especialmente sangrante para autónomos y pymes. Plazos dilatados de pago a proveedores por parte de las grandes empresas y la Administración les suponen costes financieros elevados. Éstos no sólo perjudican a los pequeños, sino a las empresas que tienen ciclos largos de producción y ventas y a las exportadoras dentro (entregas intra-comunitarias) y fuera de la UE, que quedan a la espera de la devolución del IVA soportado que no pueden repercutir fuera de las fronteras. No conocemos la cuantía de ese coste financiero, pero el Banco de España debe saberlo por el registro Cirbe (Central de Información de Riesgos del BE), de las partidas en las que la Agencia Tributaria aparece como deudor de las devoluciones de IVA y bonificaciones del Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGP).
Por el lado de los hogares, que fue central en el debate de otoño pasado, se puede aducir que esa reducción impositiva beneficiaría a consumidores de renta alta. Pero es que discriminar lleva un tiempo que no tenemos, y el efecto positivo sobre las clases medias puede (combinado con transferencias a las rentas bajas e impuestos directos a las rentas altas) compensar otros efectos. Con diferenciar entre diésel y gasolina ya estaremos discriminando lo suficiente en la coyuntura actual, pero esto deben decirlo los expertos. Por el lado productivo, recordemos que la disfuncionalidad del IVA es mayor cuantas más microempresas haya. Por tanto, dado que componen el 90% de nuestro tejido empresarial, esta medida puede ser un instrumento estabilizador que se propague por toda la economía.
También se puede argumentar que las empresas energéticas utilizarán la rebaja para apropiarse de rentas adicionales, puesto que no hay competencia. Obviamente, en ese caso debe intervenir la Comisión Nacional para los Mercados y Competencia, que debería estar ya investigando por qué los precios eléctricos están aumentando con más rapidez que los del gas, según aparece en las estadísticas del INE. Las empresas energéticas debieran renunciar a una parte de sus beneficios extraordinarios de manera transitoria: un impuesto especial sobre los windfall profits que financie la nueva línea ICO anunciada por el Gobierno. También habría que convencerlas para que los precios reflejen de la forma más ajustada posible a sus costes. Es una emergencia nacional. La compensación sería sus beneficios futuros, tras contribuir a sostener nuestro tejido productivo. La alternativa es considerar las empresas energéticas de interés estratégico nacional, como ya se empieza a pensar en Francia.
Por supuesto, una rebaja de este tipo supone un coste para todos. Sí, pero, en este caso concreto, el coste parece menor que el beneficio por el lado productivo. En particular, parece más eficaz que las subvenciones selectivas. Indudablemente, hay que evaluarlo, pero tenemos las herramientas para hacerlo. La medida no es la panacea para los que más apoyo necesitan pero, de nuevo, las subvenciones deberían usarse para las familias, no para las empresas.
La medicina del alza de precios no nos hace más eficientes en el muy corto plazo, sólo nos empobrece porque ese encarecimiento no es una señal de escasez, sino de la guerra de Putin. Nuestra propuesta del 9 de marzo sobre la doble ronda del mercado eléctrico supone separar la oferta que se comporta de forma competitiva (sin gas), porque para ella el sistema marginalista funciona como dice la teoría, de la oferta que no lo es. Nuestra propuesta de hoy insiste en que si el ‘shock’ energético es transitorio, conviene complementar en el muy corto plazo las ayudas que se barajan, con rebajas transitorias en la imposición indirecta y con redistribución desde los ganadores hacia los perdedores de esta crisis. Para todo ello, es necesario tener presente que cuando la oferta no es competitiva, sino que se compone de pocos operadores, el sistema de asignación debe ser uno que incorpore la negociación. Y realmente esta negociación debería ser coordinada por la Comisión Europea.
El que la Unión Europea reconozca que la Península Ibérica es una isla energética está bien. Lo está reconocer que, en la práctica, no existe un mercado único energético por la falta de conexiones con el resto de la Unión. Lo eficiente para el conjunto de la UE sería que ese reconocimiento viniera acompañado con un plan de inversión para aumentar las interconexiones con el resto de los socios comunitarios. El acuerdo del Consejo del viernes pasado permite a nuestro país cierto desahogo, pero su posición para negociar precios con los productores de gas es más débil que si toda la UE actuara coordinadamente.
